Llega a los comités de compra antes que tu competencia con nuestra ayuda
Agenda una reunión ahora+150 empresas B2B confían en Siete para generar reuniones con decisores
Chile acumula plazos que obligan a comprar o adaptar software: datos personales (Ley 21.719), ciberseguridad (Ley 21.663) y la jornada de 42 horas.
Los retos que reportan todos los equipos, y cómo nosotros los convertimos en pipeline.
El calendario regulatorio chileno está empujando varias compras de software a la vez. La Ley 21.719 de protección de datos personales tiene vigencia fijada para el 1 de diciembre de 2026, con multas de hasta 20.000 UTM en infracciones gravísimas, y un proyecto en el Senado propone postergarla un año. La Ley Marco de Ciberseguridad ya exige a los servicios esenciales enviar a la ANCI una alerta temprana de incidentes significativos en un máximo de 3 horas. Y la ley de 40 horas, que bajó la jornada a 42 en abril de 2026, convive con la Resolución Exenta 38 de la Dirección del Trabajo, que solo autoriza sistemas electrónicos de asistencia certificados por un tercero independiente.
Cada norma es un gatillo con fecha, pero Chile compra con aversión al riesgo. El gerente de TI o de personas de un holding con casa matriz en Santiago no quiere ser quien eligió al proveedor que falló frente al fiscalizador: pide referencias de clientes chilenos, cotiza en UF, exige marcha blanca y, si el plazo aprieta, renueva con el que ya tiene en la planilla. Además, el presupuesto del año siguiente se arma en el último trimestre y enero y febrero se van en vacaciones. Si tu primer contacto llega en marzo, peleas por lo que quedó sin asignar.
Armamos la lista de cuentas desde el gatillo regulatorio que resuelve tu software: empresas que tratan datos personales a escala para la 21.719, prestadores de servicios esenciales para la Ley 21.663, empleadores con turnos y faenas para el control de jornada. Mapeamos quién responde ante el fiscalizador (el fiscal de la empresa, el CISO, la gerencia de personas) y quién firma en el holding, y les escribimos con el plazo que les toca, no con un listado de funcionalidades. Programamos la prospección para entrar entre agosto y noviembre, cuando se discute el presupuesto, y te entregamos reuniones con quien puede aprobar una marcha blanca, no con quien solo reenvía el correo.
La ley no exige un producto específico, pero sí obliga a responder solicitudes de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad, a reportar vulneraciones de seguridad a la nueva Agencia de Protección de Datos Personales y a demostrar medidas de seguridad. En la práctica eso abre compras de gestión de consentimientos, inventario de datos, seguridad y adecuación de CRM o ERP. La fecha vigente es el 1 de diciembre de 2026; si prospera el proyecto que la mueve a 2027, la ventana de venta se alarga, pero la obligación no desaparece.
Entre agosto y noviembre, porque la mayoría de las empresas chilenas trabaja con año calendario y arma el presupuesto del año siguiente en el último trimestre. Una reunión en septiembre puede terminar como línea presupuestaria; la misma reunión en marzo compite por saldos. Enero y febrero son meses de vacaciones con decisores difíciles de ubicar, y la semana de Fiestas Patrias en septiembre también frena agendas. Para compras atadas a un plazo legal, el contacto debe llegar con al menos dos trimestres de anticipación.
Reduciendo el riesgo que asume quien te contrata. El comprador chileno pide referencias locales porque no quiere responder por un proveedor desconocido, así que funciona ofrecer una marcha blanca acotada, con criterios de éxito escritos antes de empezar, y referencias de mercados comparables con un contacto dispuesto a hablar. También conviene empezar por empresas medianas en crecimiento, donde decide el gerente general o el dueño, y llegar a los grandes holdings con ese primer caso local ya construido.
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